• La empresa de servicios jurídicos SPANISH LEGAL RECLAIMS y su equipo de abogados colaboradores ha recuperado unos 8 millones de euros reclamados a los bancos
• La mayoría de las promociones inmobiliarias sin terminar están en Andalucía, aunque se distribuyen por toda la geografía española
• La firma legal ha sido contactada por más de un millar de afectados, tanto españoles como europeos
• Una resolución del Tribunal Supremo de 2015 dio luz verde para reclamar a los bancos los depósitos perdidos por los compradores tras la quiebra de las promotoras inmobiliarias durante la crisis económica

Más de un centenar de personas que perdieron su dinero (depósitos) al comprar, antes de la crisis de 2008, una vivienda sobre plano en España ya han podido solucionar su caso por vía judicial, según datos facilitados por la firma jurídica SPANISH LEGAL RECLAIMS, especializada en la recuperación de estos depósitos tanto para ciudadanos españoles como europeos.

Esto ha sido posible gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que, en diciembre de 2015, sentó jurisprudencia dando luz verde a todos los afectados a recuperar el dinero que perdieron al comprar viviendas sobre plano cuando quebraron las promotoras inmobiliarias durante la crisis de 2008 sin llegar a entregar las viviendas a sus compradores.

“Más del 90% de los casos presentados están solucionados favorable y definitivamente y los afectados ya han recuperado su dinero y, en buena parte, este éxito se debe a la estrategia jurídica y procesal de nuestro equipo de expertos”, explica el CEO de SPANISH LEGAL RECLAIMS, Luis Cuervo, quien apunta que “la demanda judicial es necesaria y, como era de esperar, los bancos están mayoritariamente recurriendo las primeras decisiones cuando éstas les son desfavorables”.

La firma legal, con experiencia europea en la recuperación de estos depósitos, estima que la cantidad a recuperar por los afectados extranjeros ronda los 100.000 euros de media. En España, en base a este centenar de casos ganados, la firma asegura que ya se han recuperado unos 8 millones de euros.

La mitad de los casos de los que tiene constancia SPANISH LEGAL RECLAIMS son relativos a personas españolas que decidieron comprar sobre plano antes de la crisis del sector inmobiliario en España (2008), antes de que quebraran las promotoras. El resto responde a afectados de origen europeo. La mayoría de las promociones inmobiliarias sin terminar están en Andalucía y la Comunidad Valenciana, si bien existen números casos por el resto de la geografía española.

“Es de justicia social recuperar un dinero que se daba por perdido”

SPANISH LEGAL RECLAIMS cubre el territorio nacional con un equipo jurídico experto, distribuido por toda la geografía española. El abogado colaborador de SPANISH LEGAL RECLAIMS en la zona de Santander, José Luis Antón, con más de una veintena de casos solucionados, afirma que “es de justicia social recuperar un dinero que los afectados ya daban por perdido”.

El letrado consejero de SPANISH LEGAL RECLAIMS que opera fundamentalmente en la zona de Andalucía, Carlos Cómitre explica que “el trámite judicial de estas causas puede ser largo, debido a los recursos presentados por los bancos. El caso empieza en un juzgado de Primera Instancia, después suele pasar a la Audiencia Provincial. En total, el proceso judicial puede durar unos dos años”, si bien generando unos intereses legales de aproximadamente el 4% anual. “No obstante, la claridad y contundencia de la sentencia de 2015 del Tribunal Supremo declarando la responsabilidad de la entidades financieras facilita las cosas”, apunta Luis Cuervo.

Miles de afectados

Después de las reclamaciones por las cláusulas suelo y por los gastos hipotecarios, los bancos tienen ahora otro frente abierto con las compras de viviendas sobre plano en España. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que podría haber más de 600.000 afectados que perdieron sus depósitos y nunca vieron su propiedad construida. SPANISH LEGAL RECLAIMS certifica que más de un millar de afectados ya se han puesto en contacto con su empresa para iniciar el proceso de recuperación de su dinero.

El CEO Luis Cuervo señala que, para comenzar el trámite de estas reclamaciones, los afectados solo necesitan acreditar tres cosas: “La relación contractual con el promotor, los ingresos en la cuenta bancaria del promotor y que la propiedad nunca le fue entregada en el plazo establecido”.

Lidia, una de las afectadas, recupera sus 30.000 euros

Una de las afectadas es Lidia Vargas, quien pagó 30.000 euros por una vivienda sobre plano de una promoción inmobiliaria que iba a construirse en Beniarbeig (Alicante). Ocurrió hace diez años. “Una amiga mía que trabajaba como intermediaria en una inmobiliaria me aconsejó la compra. Ella misma también se iba a quedar con uno de los pisos”, explica.

Pero los meses pasaban y en el solar donde debían levantarse las viviendas no había actividad. “No había obreros y algunos sólo fueron a llevarse su maquinaria porque no cobraban de la promotora”, recuerda. “No localizaban a los promotores”, cuenta Lidia. Finalmente, la promotora entró en concurso de acreedores. Tras una odisea judicial, Lidia ha logrado recuperar sus 30.000 euros.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo

En su resolución, dictada en diciembre de 2015 a raíz de un caso particular, el alto tribunal dictaminó que las entidades bancarias en las que las promotoras ingresaban los depósitos de los compradores a cuenta del precio de la vivienda eran responsables de proteger este dinero. Todo ello, en base a la Ley 57/1968, hoy ya derogada, pero de aplicación en aquellos casos anteriores al 1 de enero de 2016.

Entre otros requisitos, esta ley obligaba a las entidades bancarias a exigir a la empresa promotora la constitución de un seguro o aval sobre las cantidades aportadas por los compradores sobre plano. También a que abrieran una cuenta especial, no vinculada a otras que el promotor pudiera tener en ese mismo banco, destinada solo a las cantidades entregadas por los compradores como parte del precio de la vivienda.

SPANISH LEGAL RECLAIMS es una empresa de servicios jurídicos con sede en Barcelona cuyo equipo legal –formado por la asociación con varios abogados españoles y distintas empresas y bufetes extranjeros- cuenta con una dilatada experiencia internacional y ha ganado más de 1.200 demandas para ciudadanos no solo españoles sino también de distintos países de Europa y Estados Unidos desde el año 2006.

La firma legal se ha puesto a disposición de los afectados y únicamente cobra sus honorarios al cliente si le recupera el dinero, cubriendo bajo esta fórmula todo el proceso legal hasta el final y todas las posibles apelaciones que se produzcan.